El arbitraje nacional es un mecanismo de resolución de conflictos alternativo al proceso judicial, mediante el cual las partes en una disputa acuerdan someter sus diferencias a uno o varios árbitros privados, que emiten una decisión llamada laudo arbitral, la cual tiene fuerza vinculante y ejecutiva.

Características principales del arbitraje nacional:

Ámbito interno: Se considera “nacional” cuando todas las partes involucradas están domiciliadas en el mismo país, y la disputa no tiene elementos internacionales (como contratos celebrados entre empresas de distintos países).

Normativa local: Está regulado por la legislación del país en cuestión, que establece los procedimientos, requisitos, y efectos del arbitraje.

Voluntariedad: Las partes deben acordar expresamente someterse al arbitraje, ya sea mediante una cláusula en un contrato o por acuerdo posterior al surgimiento del conflicto.

Neutralidad y confidencialidad: A menudo, el arbitraje es preferido por su carácter confidencial y por la posibilidad de elegir árbitros especializados e imparciales.

Eficacia del laudo: El laudo arbitral tiene valor similar a una sentencia judicial y puede ser ejecutado forzosamente si una de las partes no lo cumple voluntariamente.